Un recorrido ordenado por los instrumentos que sostienen políticas y prácticas respetuosas de los derechos de adolescentes.
Tratados y reglas indispensables para diseñar políticas públicas dirigidas a adolescentes en conflicto con la ley penal.
Sus artículos 37 y 40 consagran el debido proceso, la especialización judicial y el mandato de utilizar la privación de libertad como último recurso y durante el período más breve que proceda.
Fijan directrices básicas para una administración de justicia de menores especializada, garantista y adecuada a la edad y madurez de cada adolescente.
Promueven medidas no privativas de la libertad, alternativas comunitarias y mecanismos de derivación que reduzcan intervenciones penales innecesarias.
Establecen estándares de protección y condiciones dignas para adolescentes privados de libertad, con resguardo frente a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Proponen políticas preventivas centradas en el entorno social, la educación inclusiva y la no estigmatización de conductas vinculadas al desarrollo adolescente.
Estándares interpretativos que actualizan el alcance de los tratados en los ámbitos judicial y legislativo.
Reemplaza la Observación General Nº 10 y constituye el estándar vigente sobre derechos de niñas, niños y adolescentes en el sistema de justicia juvenil.
Normas técnicas para orientar los procesos hacia el diálogo, el reconocimiento del daño y la reparación.
Define salvaguardias para el uso de programas restaurativos: participación libre e informada, confidencialidad, seguridad de las partes y acuerdos razonables y proporcionales.
Guía metodológica para diseñar, implementar y evaluar programas de mediación, conferencias y círculos restaurativos en los sistemas de justicia penal.
Marcos regionales para armonizar políticas y prácticas de justicia penal juvenil restaurativa.
Reúnen 15 reglas y 14 principios orientados a reducir la judicialización penal juvenil, fortalecer las salidas alternativas y consolidar respuestas restaurativas con enfoque de derechos.